Valle de Íntag
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Únanse a la resistencia del Valle de Intag
Durante los últimos casi 30 años, las comunidades del valle ecuatoriano de Intag han luchado contra la amenaza de la minería de cobre a cielo abierto, una práctica altamente destructiva.
El valle de Íntag proporciona agua y aire limpio y medios de subsistencia a las comunidades locales, y es el hogar de docenas de especies en peligro crítico de extinción, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Además de albergar una biodiversidad extraordinaria, el yacimiento minero de 5.000 hectáreas (12.000 acres) es la fuente de 43 ríos y arroyos, e incluye el Área Clave de Biodiversidad (KBA) Intag-Toisan. Las KBA son fundamentales para la persistencia de la vida en la Tierra y la salud general del planeta.
Comunidades bajo amenaza
La última amenaza para el valle de Íntag viene de la empresa estatal ecuatoriana Enami EP y de la chilena Codelco, que han iniciado la prospección de cobre con el objetivo de construir una mina de cobre a cielo abierto, denominada Llurimagua. Las comunidades locales han llevado a las empresas a los tribunales, donde el caso está siendo juzgado por la Corte Provincial de Imbabura.
El equipo jurídico que representa a las comunidades locales del Valle de Íntag argumenta que las empresas no realizaron una Evaluación de Impacto Ambiental exhaustiva que tuviera en cuenta todas las especies amenazadas dentro del área del proyecto, y que la concesión minera viola los derechos constitucionales de consulta de las comunidades locales.
Hacemos un llamado a:
Los jueces de la Corte Provincial de Imbabura a visitar el Valle de Intag para escuchar el testimonio de las personas que viven allí, visitar el sitio propuesto para ver los bosques y cascadas que la exploración de cobre ya ha impactado y que el proyecto destruiría, y experimentar la belleza de la vida silvestre única de Intag.
Que la Corte Provincial de Imbabura se pronuncie para proteger los derechos de las comunidades del valle de Intag, que deberían haber sido consultadas previamente de buena fe, así como los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana.
A la empresa estatal ecuatoriana Enami EP y a la empresa estatal chilena Codelco que cancelen el proyecto minero Llurimagua.
Que las empresas paguen una reparación íntegral por los daños causados por sus actividades mineras en el área del proyecto minero Llurimagua.